El delito y la violencia se han convertido en uno de los mayores desafíos para los gobiernos de América Latina. Esta problemática ha adquirido tal escala, complejidad, persistencia y costos económicos que sus consecuencias trascienden a las víctimas y se proyectan negativamente sobre buena parta del entramado social e institucional. Por ello, la naturaleza y fenomenología del problema se encuentran afectando el bienestar social y económico y a la gobernabilidad democrática de muchos de los países de la región. En este contexto, el presente volumen se inscribe en los esfuerzos que se vienen realizando para comenzar a basar las políticas públicas de seguridad en evidencia científica y orientar a la investigación académica hacia trabajos con relevancia social e implicancias prácticas. Para ello, se han seleccionado una serie de trabajos académicos que han tenido implicancias de política pública en el contexto del mundo anglosajón. Esta complicación supone que las soluciones pasan no solo por nuevos diseños de políticas públicas de seguridad ciudadana, sino también, por desarrollos y construcciones de capacidades estatales para formular e implementar de manera efectiva diseños óptimos de política.