Este informe busca contribuir al estado del arte que vincula los conceptos de digitalización e integridad, y propone una estructura de política pública basada en la adopción de innovaciones digitales para la prevención, detección e investigación de fenómenos de corrupción. La irrupción de la tecnología en el espacio de la integridad tiene, por lo menos, tres grandes mecanismos de acción: 1. A través de la expansión del acceso a la información y la apertura de datos, los ciudadanos tienen mayor información sobre sus derechos en la interacción con sus Gobiernos. 2. El avance del gobierno digital permite la simplificación de los procesos administrativos, y la racionalización de la política regulatoria y las infraestructuras de datos abiertos. 3. El uso de técnicas de análisis de datos como dispositivos anticorrupción por parte de los actores de la integridad dentro y fuera del Gobierno.